Hoy vivimos en un país gobernado por la mediocridad perpetua. Desde el Gobierno de la nación hasta el rincón más pequeño de la administración provincial y local, compartimos una realidad innegable: la totalidad de la clase política, sin excepción de siglas, ha encontrado en las instituciones un refugio dorado. Son individuos que entran en las juventudes de los partidos o en la madurez sin haber demostrado jamás su valía en el mundo real. Saben perfectamente que, en la empresa privada, no darían la talla; fuera de los despachos oficiales, sus currículums serían incapaces de sostener el ritmo y las exigencias del mercado laboral libre.
Resulta escalofriante pensar que la gente que hoy dirige nuestras vidas es, en esencia, un grupo de fracasados en el mundo laboral. Son personas que jamás en su vida han sabido lo que es crear un puesto de trabajo, arriesgar su patrimonio o, simplemente, firmar una nómina a final de mes. Viven de la subvenciones, no conocen el esfuerzo ni el valor real del dinero. Y es precisamente esta gente, carente de cualquier experiencia práctica y éxito profesional, la que toma las decisiones que marcan nuestro destino. El resultado es lógico: con su total incompetencia y desconexión de la realidad, están hundiendo a los ciudadanos españoles a diario.
La política se ha convertido en una carrera de fondo para garantizarse una vida de privilegios indecentes. Entran jóvenes con la única aspiración de jubilarse en el cargo, conscientes de que unos pocos años de cotización institucional les otorgan pensiones blindadas y prebendas que el resto de los mortales jamás llegarán a rozar. Y si las urnas les dan la espalda, el sistema los protege: saltan de partido en partido, se perpetúan en las listas o terminan colocados en los consejos de administración de grandes corporaciones que exprimen al ciudadano. Su única habilidad real es la supervivencia dentro del aparato. Y lo más grave es que, cuando salen de la política, se van sin pagar ni asumir responsabilidades de ningún tipo; continúan inmunes cuando la realidad es que tendrían que estar rindiendo cuentas ante la justicia, tanto los que hoy siguen en activo como todos aquellos que ya se han ido.
El modus operandi es siempre el mismo: son expertos en crear problemas artificiales donde no los hay para luego presentarse ante la opinión pública como los únicos salvadores. Sin embargo, desde 2020, la situación ha cruzado una línea de no retorno. Ya no se trata solo de la clásica corrupción patrimonial, el despilfarro o la desvergüenza; ahora estamos ante una sumisión ideológica absoluta. Toda la maquinaria política está hoy alineada y a sueldo de la criminal y genocida AGENDA 2030, una hoja de ruta globalista que atenta directamente contra la soberanía, la vida y la libertad de los ciudadanos en cada rincón de España, imponiendo normativas destructivas disfrazadas de falso progreso.
Lo verdaderamente trágico de este escenario no es la existencia de esta casta, sino la respuesta de la sociedad. Los dirigentes tratan al ciudadano con un desprecio absoluto, reduciéndolo a la mínima expresión y pisoteando sus derechos cotidianamente. Y, sin embargo, a la práctica totalidad de la población le entusiasma esa condición de sumisión. Es una masa idiotizada y zombificada que prefiere la comodidad de la obediencia antes que la dignidad de la exigencia.
La responsabilidad última no está en los despachos, sino en los aplausos. La culpa es de un electorado que, lejos de rebelarse y desobedecer ante semejantes atropellos, cuenta los días para que lleguen las próximas elecciones. Acuden en masa a las urnas con la ilusión infantil de cambiar a un verdugo por otro, sin saber que, como siempre pasa, el nuevo hará bueno al anterior, perpetuando un bucle infinito de decepción.
Mientras el ciudadano siga validando con su voto el negocio de quienes lo hunden, la miseria moral seguirá ganando la partida.
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