Santiago Abascal vuelve a sacar de la chistera una de esas propuestas que suenan bien al oído cansado del ciudadano, pero que se desmoronan al mínimo contacto con la realidad jurídica y política. Ahora dice que, para pactar, exigirá la reducción de diputados regionales. Dicho así, parece una medida valiente, austera y regeneradora. En realidad, es otra operación de trilerismo político, de esas que consisten en mover rápido las manos para que nadie mire dónde está la bolita: el Derecho.
Porque el Derecho —ese incómodo invitado que nunca aparece en los mítines— es demoledor para el relato de Abascal.
Empecemos por lo esencial. El número de diputados nacionales no se puede reducir alegremente. Está amparado por la Constitución española, que fija un mínimo y un máximo para el Congreso. Alterar ese marco exige una reforma constitucional, con mayorías cualificadas en Congreso y Senado y, eventualmente, referéndum. Es decir: un proceso complejo, serio y transparente. Justo lo contrario de una consigna lanzada al viento.
Pero Abascal no habla de eso ahora. Habla de diputados autonómicos. Y aquí el engaño es aún más grosero.
Los diputados regionales no dependen del Gobierno central, ni de pactos estatales, ni de la voluntad de un líder político por muy enfático que sea su discurso. Dependen de los Estatutos de Autonomía, que son leyes orgánicas con rango cuasi constitucional. Cada comunidad fija en su Estatuto el número de diputados de su parlamento o, como mínimo, el marco en el que se mueven. ¿Qué significa esto? Algo muy simple: que para reducir diputados autonómicos hay que reformar cada Estatuto de Autonomía, uno por uno.
Y reformar un Estatuto no es un trámite menor. Exige mayorías cualificadas en los parlamentos autonómicos, aprobación posterior en las Cortes Generales y, en muchos casos, referéndum autonómico. No se impone desde Madrid, no se decide en una negociación de despacho y, desde luego, no se resuelve con una frase grandilocuente ante un micrófono.
Por tanto, cuando Abascal promete reducir diputados regionales como condición para pactar, lo que hace es vender una mercancía que no tiene. No puede garantizarlo, no puede imponerlo y no ha demostrado la menor intención de impulsarlo allí donde sí podría hacerlo.
Y aquí llega el dato que desmonta definitivamente la farsa.
Desde 2019, Vox ha dejado de decir que las autonomías son el mal de España. ¿Por qué? Porque desde 2019 vive de ellas. Gobierna en comunidades, participa en parlamentos autonómicos, coloca cargos, cobra sueldos y disfruta de aquello que antes calificaba como el origen de todos los males. Ni una sola reforma estatutaria impulsada. Ni una sola iniciativa seria para suprimir o adelgazar esas estructuras. Ni una sola renuncia a los privilegios que ahora denuncia de palabra.
Lo que antes era “el cáncer de España” hoy es un cómodo modo de vida.
La propuesta de Abascal no es una reforma del sistema, es una coartada electoral. No busca reducir el gasto político, sino aparentar que se hace algo mientras no se toca nada. Es el populismo en su versión más desnuda: señalar el problema correcto, proponer una solución imposible y confiar en que nadie pregunte por el cómo.
Pero el cómo existe. Está escrito. Se llama Constitución, Estatutos de Autonomía y procedimiento legislativo. Y frente a eso, el discurso de Abascal queda exactamente en lo que es: un truco de trilero.
Y conviene decirlo con absoluta claridad, aunque moleste a los fieles y a los crédulos. Si Vox tuviera la más mínima voluntad real de reducir diputados autonómicos, el camino ya estaría iniciado allí donde ha tenido poder o influencia decisiva. Bastaría con haber registrado propuestas de reforma estatutaria, haber condicionado presupuestos autonómicos a ese objetivo o, simplemente, haber renunciado a una parte de su propia representación. No ha ocurrido nada de eso. Ni una sola vez.
Porque la política, cuando es honesta, se demuestra con hechos, no con declaraciones. Y los hechos dicen que Vox ha asumido el modelo autonómico no como una anomalía a corregir, sino como un ecosistema del que extraer rédito político, económico y de poder.
Por eso esta nueva exigencia no es más que una maniobra de distracción. Se habla de diputados regionales para no hablar de lo verdaderamente intocable: el entramado completo del Estado de las Autonomías, la duplicidad administrativa, el clientelismo institucional y el reparto de cargos que todos los partidos, sin excepción, han convertido en su modo de vida.
Abascal no propone desmontar el sistema. Propone maquillar sus excesos sin tocar su esencia. Y eso, en términos políticos y morales, es una estafa.
Quien ayer gritaba que las autonomías eran el mal de España y hoy se refugia en ellas ha perdido toda autoridad para dar lecciones de austeridad. Quien promete lo que sabe que no puede cumplir, o que no piensa cumplir, no está haciendo oposición: está engañando deliberadamente a los ciudadanos.
España no está gobernada solo por malos gestores, sino por un consenso tácito entre partidos que simulan enfrentarse mientras protegen el mismo andamiaje. Vox, lejos de ser una excepción, ha decidido integrarse cómodamente en ese reparto.
Y ahí termina la función del trilero: no cuando se descubre el truco, sino cuando ya no queda nadie dispuesto a seguir mirando las manos en lugar de mirar la realidad.
Comentarios
Publicar un comentario