AGENDA 2030 Y LA MUERTE DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Por Carlos Garcés.
Hace muchos años, cuando estudiaba Derecho, hubo una frase que se me quedó grabada con una claridad casi pedagógica. No era una opinión, no era una teoría discutible, no era un eslogan: era un pilar civilizatorio. Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquello no se enseñaba como un detalle técnico del proceso penal, sino como una conquista moral, como una línea roja que separaba el Estado de Derecho de la arbitrariedad, la justicia de la venganza, la civilización de la barbarie.
En las aulas de la facultad se nos repetía que ese principio no era negociable. Que sin presunción de inocencia no hay libertad posible. Que el Derecho existe precisamente para proteger al individuo frente al poder, no al revés. Y durante años —ingenuamente, quizá— creí que aquello estaba sólidamente asentado, que formaba parte de un consenso irrenunciable.
A ese principio se unía otro igualmente irrenunciable, aprendido también en la Facultad de Derecho y asumido como regla básica de justicia: "in dubio pro reo". Es decir, ante la duda, siempre a favor del acusado. No a favor del poder, ni del ruido mediático, ni de la presión política o social. A favor de la persona. Porque cuando la duda se resuelve contra el individuo, el Derecho deja de ser garantía y se convierte en instrumento de abuso.
HOY SÉ QUE NO ERA ASÍ.
Hoy ese axioma solo es válido para los políticos, para los poderosos, para quienes forman parte del sistema y de sus redes de protección. Para el ciudadano común, para el hombre corriente, para el individuo sin cargo ni altavoz, la presunción de inocencia ha sido sustituida por su reverso perverso: todo el mundo es culpable mientras no demuestre lo contrario. Y ni siquiera se le dan ya los medios reales para demostrarlo.
Lo vimos con una claridad brutal a partir del 14 de marzo de 2020. De la noche a la mañana se instauró una lógica completamente ajena al Derecho y al sentido común. Se creó la figura del asintomático, una aberración jurídica y conceptual que convertía a cualquier persona sana en sospechosa permanente. No estabas enfermo, pero podías estarlo. No habías hecho nada, pero podías hacerlo. No eras culpable, pero debías probar que no lo eras.
Exactamente el mismo mecanismo que ahora se aplica en tantos ámbitos: social, político, mediático y jurídico.
Y lo más grave, lo más revelador, lo más desolador desde mi formación jurídica, fue comprobar que nadie levantó la voz. No vi a colegios de abogados defendiendo principios básicos. No vi a jueces recordando límites. No vi a catedráticos apelando a la razón jurídica. Vi silencio, sumisión, miedo, oportunismo. Vi cómo se aceptaba sin resistencia la suspensión práctica de derechos fundamentales que nos habían enseñado como intocables.
Todo aquello que nunca debería haber desaparecido —el sentido común, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, la centralidad de la persona— fue arrasado con una facilidad escalofriante.
Durante siglos, la justicia entendió algo elemental que hoy parece haber sido olvidado deliberadamente: "más vale mil culpables absueltos que un inocente condenado". Porque una sociedad puede soportar la absolución de culpables, pero no sobrevive moralmente a la condena de inocentes. Cuando se acepta sacrificar al inocente en nombre de una causa, una ideología o una supuesta urgencia moral, ya no estamos ante justicia, sino ante barbarie revestida de virtud.
Y no por una dictadura clásica, sino por algo mucho más inquietante: la aceptación voluntaria del abuso, la interiorización de la culpa, la normalización del control.
Hace muchos años que al hombre se le ha arrinconado. Al individuo concreto, con rostro, con dignidad, con derechos propios. Y tanto hombres como mujeres han ido asumiendo esta barbaridad sin oponer resistencia alguna. Como ocurre siempre en este país: primero se acepta, luego se justifica y finalmente se aplaude. Y cuando alguien se atreve a señalarlo, se le estigmatiza, se le desacredita o se le silencia.
DE ESOS POLVOS VIENEN ESTOS LODOS.
Porque nada de esto es casual ni improvisado. Forma parte de un marco ideológico perfectamente definido, de una ingeniería social que invierte los principios, diluye responsabilidades y convierte al ciudadano en sospechoso permanente. Y no podemos olvidar —aunque muchos prefieran no nombrarlo— que todo esto encaja milimétricamente en los postulados de la criminal y genocida AGENDA 2030, donde el individuo desaparece como sujeto de Derechos y se convierte en objeto de gestión.
EL MUNDO AL REVÉS.
Y lo digo no desde la teoría, sino desde la experiencia de quien estudió Derecho creyendo que servía para proteger al débil frente al poder, y ha visto cómo ese poder ha vaciado el Derecho de contenido sin apenas resistencia. No hemos perdido solo libertades. Hemos perdido algo más grave: la conciencia de haberlas perdido.
Eso es, quizá, lo más peligroso de todo.
17 de enero de 2026.
(Artículo revisitado y ampliado a partir de un texto de 22 de febrero de 2023)
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